Este jueves 2 de Octubre ha tenido lugar la presentación del libro “Vida y Muerte de Juan Granero Liñán (1890-1937). Medicina, Acción Política y Socialismo en Castril (Granada)”, editado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) en colaboración con UGT Granada.
En el acto de presentación intervinieron Oskar Martín, secretario general de UGT Andalucía; Luis Miguel Gutiérrez, secretario general de UGT Granada; Lola Manjón, autora del libro; y Rafael Gil Bracero, presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Un homenaje a la verdad y la memoria
La autora, Lola Manjón, rescata en esta obra la historia de Juan Granero Liñán, médico y alcalde de Castril (Granada), presidente de la Casa del Pueblo y fundador de la sociedad obrera “La Democracia”. Granero fue asesinado a principios de marzo de 1937 por haberse opuesto a las detenciones y asesinatos en zona republicana, del mismo modo que antes había luchado contra el caciquismo y los abusos de las derechas.
Su crimen nunca fue investigado y su cuerpo aún no ha sido encontrado.
El libro cuenta además con el prólogo de Octavio Ruiz-Manjón, historiador, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en el estudio del republicanismo español y la historia intelectual, y miembro de la Real Academia de la Historia.
Memoria histórica y democracia
Con esta publicación, UGT reivindica la Memoria Histórica y Democrática como una herramienta esencial para construir una sociedad verdaderamente democrática, con memoria, conciencia histórica y respeto profundo hacia las víctimas.
“No se trata de reabrir heridas, sino de cerrarlas con dignidad y de construir un futuro sobre cimientos de verdad y justicia.”
Desde la organización sindical se recuerda que el olvido no es neutral: favorece a los verdugos y a los nuevos partidos de extrema derecha, debilitando nuestra democracia.
El ejercicio de la memoria es una tarea colectiva que interpela a toda la sociedad y al conjunto del Estado, pero también a las administraciones públicas —especialmente la andaluza—, que deben dotar de medios y recursos para que la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía no quede en papel mojado.
