Cáritas Diocesana de Granada invirtió 5,6 millones de euros en 2021 para ayudar a 6.000 personas en situación de precariedad.
La Memoria anual de actividades detalla los recursos invertidos y las actuaciones realizadas por Cáritas Diocesana de Granada en 2021 para proteger la dignidad de las personas más vulnerables, en un año marcado por la crisis del Covid 19.
Según el informe presentado por el delegado episcopal y la directora de Cáritas Diocesana de Granada, Alfonso Marín y Luisa Mª Maeso, la entidad de la Iglesia católica ha invertido en el último año 5,6 millones de euros en ayudar y mejorar las condiciones de vida de 5.984 personas en la diócesis de Granada.
Recursos invertidos
Gracias al apoyo de miles de socios, donantes y colaboradores privados, cuyas aportaciones ascienden a 3,6 millones de euros (el 69 por ciento de los fondos privados). Y también a las distintas Administraciones públicas, que han financiado el conjunto de proyectos y centros de acción social con cerca de dos millones de euros (1.917.474€). Los capítulos a los que Cáritas destina mayor volumen de recursos son, por este orden, los centros socio sanitarios “Santa Isabel” y “Oasis” de atención a personas Mayores y Discapacitadas (2,5 millones), los programas de Acogida y atención primaria (1 millón), Empleo (691.980€) y los programas educativos de Familia, Infancia y Juventud, Mujer e Inmigración (161.646€).
Aumentan las ayudas de emergencia
Destaca el aumento de los recursos destinados al Programa de Acogida y atención primaria, con un 61 por ciento más en el conjunto de ayudas destinadas a vivienda, alimentación y ropa, sanidad y educación. Gracias al compromiso e implicación de las comunidades parroquiales y a la dotación extraordinaria de ayudas de primera necesidad concedida por la Junta de Andalucía.
Si bien el número de personas ha descendido con respecto a 2020 (-26%), las ayudas de emergencia han crecido un 60 por ciento. Como ha señalado Luisa Mª Maeso en su presentación “Las personas cada vez afrontan situaciones más complejas y requieren de mayor apoyo y recursos para mantener unas condiciones de vida dignas”. “Nos encontramos con una exclusión mucho más intensa y cronificada de lo que percibíamos
antes de la pandemia”.
Acceso a vivienda y pobreza energética
El pago de alquileres, hipotecas y suministros crece un 58 por ciento, debido a la finalización de las moratorias de pago decretada por el gobierno durante la pandemia. El capítulo de suministros ha llegado incluso a cuadruplicar su inversión en el último año para sufragar las deudas de las familias.
Según los datos recopilados en atención primaria, un 17 por ciento de la población atendida ha recibido avisos de corte de suministros y un 4 por ciento han sufrido algún tipo de amenaza de expulsión de su vivienda (inmediata o no). Una delicada situación teniendo en cuenta la situación económica prevalente, donde el 36 por ciento no dispone de ningún ingreso, más del 40 por ciento recibe prestaciones sociales y ayudas de instituciones. Y en torno a un 13 por ciento, percibe ingresos de un trabajo eventual, precarizado o marginal cuyo salario no les permite cubrir las necesidades básicas. Para todas estas personas, la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos, hacen que una vez pagado el alquiler o la hipoteca, se queden en situación de pobreza.
Estrategias de subsistencia
Como estrategia de afrontamiento y subsistencia, muchas personas se han visto obligadas a recurrir al cambio de vivienda (3%), compartir piso (6%), volver a casa de los padres (1%) o incluso optar por el subarriendo habitacional (4%), mayormente en población de origen inmigrante, quienes presentan unas peores condiciones de vida, con viviendas mal acondicionadas y mayor hacinamiento. En torno a mil personas han sufrido alguna deficiencia grave en su hogar o conviven en condiciones de insalubridad con humedades, suciedades y olores.
Otra de las estrategias para la supervivencia ha supuesto la reducción de gastos habituales en alimentación, ropa y calzado, y también en salud. La situación de crisis ha provocado que las personas descuiden su salud por la incapacidad de afrontar los gastos derivados de medicamentos y tratamientos. Muestra de ello, es el marcado incremento en las ayudas para tratamientos bucodentales, medicación, óptica, ortopedia y audífonos, con una
inversión de 56.152€.
La brecha digital, un nuevo factor de exclusión
A todas estas situaciones de precariedad, se suma la brecha digital, que afecta a 3 de cada 10 personas atendidas y les impide acceder a oportunidades laborales, formativas o a prestaciones sociales. Por este motivo, el capítulo de ayudas de emergencia para la educación y formación ha destinado 41.953 € a la adquisición de material informático
(tablets, ordenadores y móviles) y el abono de conexiones a internet especialmente a familias con menores en edad escolar y adolescentes. Cabe subrayar el hecho de que en 7 de cada 10 hogares atendidos hay niños. 2 de cada 10, son hogares monoparentales que se han visto obligados a recurrir a estrategias de reducción de gastos en mayor medida que el conjunto de la población. Estas estrategias no son inocuas y dejan su herida en las condiciones de vida presentes de esos niños y niñas y marcan también sus oportunidades de futuro.
Jóvenes con mayor dificultad para emanciparse
“Es preocupante – subraya Luisa Mª Maeso – el incremento de población joven entre 18 y 24 años, con escasas o nulas posibilidades de emancipación, adquirir una vivienda y de sustentar una vida independiente o una familia”. “La ausencia de empleo o la proliferación de empleos temporales y precarios agravan la incertidumbre e inseguridad, y les impiden dibujar proyectos de vida”. Como recoge el informe, 4 de cada 5 personas atendidas en
edad de trabajar, se encuentran en paro.
Dentro del conjunto de proyectos de lucha contra la pobreza y exclusión, el Programa de Empleo ha ayudado a 700 personas a buscar un trabajo en un entorno laboral más inseguro y precarizado. A pesar del contexto, 236 personas han conseguido un empleo, 252 han mejorado sus competencias digitales, habilidades sociales y laborales. Y 107 han podido formarse y mejorar su cualificación. Ya que el 68 por ciento de los usuarios carece de estudios básicos o solamente han completado los ciclos de educación primaria y secundaria. Los niveles educativos superiores como formación profesional y estudios universitarios representan sólo el 9 por ciento.
Tal y como muestra el informe, los perfiles mayoritarios atendidos son familias con hijos, cuyo sustentador principal se encuentra en desempleo. La mayoría de ellas ya habían sido atendidas en años anteriores (56 por ciento).
El análisis de la realidad social refrenda las conclusiones del Informe Foessa sobre integración y necesidades sociales en Andalucía presentado en el mes de marzo y reclaman, en palabras de Maeso “la necesidad de avanzar y ampliar el alcance de la respuesta proporcionada por las administraciones públicas, para que protejan realmente a la
ciudadanía y a las familias más vulnerables”. “Como sociedad no podemos permitir que esta nueva crisis ahonde aún más la brecha de la pobreza y exclusión”.
Campaña Día de Caridad
Por su parte el delegado episcopal Alfonso Marín ha expresado el reconocimiento y gratitud a todas las personas que contribuyen con su tiempo, dedicación y trabajo a la labor de Cáritas. Y a los 2.800 socios, 4.900 donantes y 300 empresas colaboradoras que la sostienen con sus aportaciones económicas. “Sería impensable poder realizar todo este trabajo sin la generosidad y el compromiso de más de 770 personas voluntarias que hacen posible esa
acogida y acompañamiento como fiel reflejo del más puro amor al prójimo”.
Además, ha inaugurado el acto con la presentación de la campaña y colecta del Día de Caridad que se celebrará en todas las parroquias el próximo domingo día 19 de junio bajo el lema “Somos lo que damos, somos amor”. Recordando que “el amor, el recibido y el que damos, y también, el que somos, es lo que celebramos en esta gran fiesta de Cáritas, el Corpus Christi, el Día de Caridad”.
