Cada vez que España aborda una reforma migratoria de calado, el debate público, las
redes sociales y las tertulias se llenan de ruido. La reciente propuesta del Gobierno para
una regularización extraordinaria de personas extranjeras no se ha quedado atrás,
aprovechando el altavoz político y de opinión que aportan algunas citas electorales
recientes y futuras. A las pocas horas del anuncio, las redes sociales se inundaron de
mensajes alarmistas: “paguitas masivas”, “efecto llamada”, “privilegios para los de
fuera”. Sin embargo, cuando se rasca la superficie, lo que aparece no son hechos, sino
bulos repetidos hasta la saciedad por algunos que quieren hacer creer a “los de abajo”,
que los de fuera son la causa de su situación, no vaya a ser que se les ocurra mirar hacia
“los de arriba”.
Cualquier tema serio merece algo más serio que consignas. Porque no estamos hablando
de una llegada repentina de miles de personas, sino de algo mucho más simple:
regularizar a quienes ya viven, trabajan y contribuyen en España, muchos de ellos
desde hace años, pero atrapados en la economía sumergida, en la explotación, la falta de
derechos y en la inseguridad jurídica.
España y cualquier país avanzado crece con la inmigración. Sectores como la
agricultura, la hostelería, la construcción, los cuidados o el turismo —tan decisivos en
provincias como Granada— dependen estructuralmente de mano de obra extranjera.
Basta pasear por la Vega, por los invernaderos de la costa o por los bares del centro para
entenderlo: los migrantes no son una estadística, son compañeros de trabajo, vecinos y
padres y madres de alumnos en las escuelas públicas y concertadas.
Sin embargo, el discurso político y mediático a menudo insiste en presentar la
migración como un problema crucial, que nos lleva a la extinción como sociedad, como
una amenaza externa contrastando en ocasiones con un pasado de nuestro país en el que
eran nuestros jóvenes de clase baja y media los que migraban hacia un futuro
económico mejor, por cierto, no siempre en condiciones de legalidad e igualdad de
derechos que la población de los países receptores.
El catálogo de bulos es siempre el mismo.
El primer mito es el más repetido: que la regularización implica ayudas económicas
automáticas. Es falso. Obtener una tarjeta de residencia y trabajo no significa recibir
dinero; significa poder firmar un contrato legal, cotizar, pagar impuestos y tener
derechos laborales.
El segundo es el llamado “efecto llamada”. La experiencia comparada demuestra que
las regularizaciones se dirigen a personas que ya residen en el país y cumplen requisitos
estrictos de permanencia. No son una invitación abierta, sino una herramienta
administrativa para ordenar una situación que ya existe.
El tercer bulo, quizá el más dañino, es el que presenta a los migrantes como una carga
para el sistema. Se habla constantemente del “gasto” sanitario o educativo, pero casi nunca de lo que aportan. Y ahí es donde los datos desmontan el relato, lo que si
debemos insistir en es dimensionar los servicios públicos a la realidad del aumento
demográfico, ahí debemos poner el foco: ante mayor población y mayor número de
personas cotizantes debemos exigir mayor gasto público en dependencia, servicios
sociales, sanidad, educación, infraestructuras…
Seamos serios, comportémonos como personas adultas.
Las personas migrantes trabajan, consumen, pagan alquileres, impuestos indirectos y
cotizaciones. Muchos sostienen sectores donde la mano de obra local escasea. Su
contribución a la Seguridad Social es especialmente relevante en un país envejecido,
donde cada vez hay menos trabajadores por pensionista.
Desde un punto de vista estrictamente económico, dejando atrás lo meramente
humanitario, que daría para otro artículo, regularizar significa ampliar la base de
cotizantes, acorralar a la economía sumergida Mantener a cientos de miles de personas
en la irregularidad, en cambio, solo genera precariedad, explotación laboral y pérdida de
ingresos públicos. ¿Quién puede estar en contra de esto?
Granada: convivencia frente a ruido
En Granada, donde la migración forma parte del paisaje cotidiano, el contraste entre el
discurso alarmista y la realidad es evidente. Son trabajadores del campo, repartidores,
empleadas de hogar, estudiantes universitarios, empresarios y empresarias,
emprendedores. Personas que ya sostienen barrios enteros.
Los problemas de vivienda, empleo precario o saturación de servicios públicos no nacen
de la inmigración, sino de carencias estructurales que afectan a toda la población.
Culpar al eslabón más débil es políticamente rentable, pero tremendamente injusto.
La importancia de un proceso accesible y justo
Ahora bien, defender la regularización no significa ignorar sus desafíos. El éxito del
proceso dependerá en gran medida de cómo se diseñe y de si realmente resulta accesible
para quienes más lo necesitan. En este sentido, el trabajo de organizaciones sociales es
clave.
Entidades enroladas en la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos
(FEPA), que trabajan con jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, han
presentado alegaciones concretas para mejorar el procedimiento. Entre sus propuestas
destacan medidas muy sensatas: mayor flexibilidad en los plazos administrativos,
alternativas para acreditar la permanencia en España más allá del padrón —algo crucial
para quienes viven en situaciones habitacionales inestables—, facilidades para obtener o
sustituir antecedentes penales del país de origen, y un reconocimiento formal del papel
del tercer sector en la acreditación de situaciones de vulnerabilidad y en la propia
tramitación.
También reclaman mayor claridad procedimental, garantías para las unidades familiares
y especial atención a jóvenes con trayectorias difíciles, además de seguridad jurídica
durante todo el proceso. En definitiva, que la regularización no sea un laberinto burocrático reservado a quienes ya tienen recursos, sino una puerta real para quienes
parten en desventaja.
Con esta labor, el tercer sector recuerda algo fundamental: una política pública no se
mide solo por su intención, sino por su capacidad de llegar a las personas concretas.
La importancia de la narrativa
Quizá el mayor reto no sea administrativo ni documental, sino de cambio de marcos
mentales. Mientras la conversación pública siga dominada por el miedo y los bulos,
cualquier avance estará condicionado por la desconfianza. Por eso resulta urgente hablar
de migración con datos, contexto, rigor y humanidad.
Regularizar no es regalar nada. Es reconocer una realidad, ordenar el mercado laboral y
apostar por la cohesión social. Es, en última instancia, sentido común y sentido de
Estado, verdadero patriotismo.
Granada —y España— no se juegan su futuro cerrando puertas, sino gestionando con
inteligencia lo que ya somos: una sociedad diversa, interdependiente y mestiza. Todo lo
demás es ruido. Y el ruido, cuando sustituye a la información, siempre sale caro, porque
el que grita y envenena los discursos algo busca, en este caso podríamos afirmar que
perder privilegios.
Francisco Javier Cano