Sobre las administraciones locales pivota el mayor volumen de operaciones en el día a día nacional, sobre todo por las profundas y diversas implicaciones que traza con la ciudadanía. Hoy alberga tensiones profundas: tensiones entre recursos y demandas, entre tradición y modernidad, entre una burocracia anquilosada y una ciudadanía que reclama eficacia, y esta secuestrada por la cita previa. Por eso los cambios inminentes para la próxima década son más importantes que nunca, y hay que evaluar, planificar y prepararse.
Los recursos humanos de los ayuntamientos sufren un envejecimiento que no es solo estadístico, es un símbolo de resistencia frente al cambio. Miles de empleados públicos locales superan la barrera de los 50 años, y muchos se acercan a la jubilación sin que exista un plan real para sustituirlos con talento joven. Una nueva generación de funcionarios que no se limita al conocimiento administrativo, sino también la naturaleza de servir a la comunidad.
Como ocurre en casi todas las esferas de lo público, hay una trampa en el discurso dominante: el simplismo de creer que bastará con modificar índices de reposición o convocar oposiciones masivas. Me ahorro el esfuerzo de hablar sobre las contrataciones dactilares, u otras aberraciones políticas del sistema. El servicio público no se construye solo con números y plazas. Se construye con vocación, formación y condiciones que atraigan a los mejores. A nivel europeo naciones vecinas como Francia o el Reino Unido han desarrollado programas de incorporación de jóvenes talentos al servicio público con cierto éxito. Y sin embargo, aquí seguimos debatiendo si habrá plazas o no. ¿Acaso no debería ser la atracción de talento lo primero, incluso antes de lamentarse por la falta de recursos?.
Gestionar es optimizar los recursos. Da lo mismo el sector. Con los medios y herramientas con las que contamos, obtener los mejores resultados y con la mejor asignación. Una comunidad se mide por cómo distribuye sus recursos, y qué prioriza. En España, los ayuntamientos han hecho esfuerzos gigantescos para equilibrar sus cuentas. Pero esa contabilidad austera ha tenido un precio: la dependencia de financiación externas y la carencia de programas de inversiones ajenos a lo meramente electoral.
La deuda viva municipal, a pesar de representar un porcentaje estadísticamente aceptable del PIB nacional, esconde realidades diversas: grandes ciudades endeudadas y pequeños municipios sin apenas margen para hacer frente a lo esencial. Peor aún, los fondos europeos –que en años recientes actuaron como un balón de oxígeno– se agotarán. Y sin un modelo propio de financiación local digno, muchos servicios que considerábamos “normales” empezarán a verse como lujos prescindibles.
La respuesta no va a llegar solo con discursos de austeridad. Tiene que haber un pacto social y político que redefina la financiación local, que otorgue autonomía fiscal y que reconozca que el bienestar no se improvisa.
Existe una paradoja en nuestro sistema: la administración local es la más cercana a la gente y, sin embargo, es la que más sufre el peso de una maraña normativa que no solo no ayuda, sino que ahoga al gestor público. El imparable crecimiento normativo, lo cambiante y arbitrario de las regulaciones, y las absurdas disparidades entre comunidades entorpecen la actividad, el crecimiento y la generación de empleo. Tantos procedimientos inútiles, la asfixiante trazabilidad, se ha consolidado en una venenosa maraña que impide el más mínimo crecimiento.
Si combinamos un sistema regulatorio tan expansivo, como invasivo con estructuras descentralizadas que no hablan el mismo idioma, el resultado es el caos administrativo mimetizado de orden legal. Aquí llegamos al corazón del debate: ¿qué servicios locales son imprescindibles y cuáles son prescindibles? Porque cuando los recursos menguan, las decisiones se vuelven inevitables. Y no se puede hablar de esto sin tener en cuenta que los municipios son muchos y variados: lo que es esencial en una gran ciudad puede no serlo en un pueblo de 2.000 habitantes, y, sin embargo, ambas realidades exigen respuestas.
El grupo 1 siempre es la partida fundamental en los presupuestos de la administración local. Pues ese presupuesto, esas partidas tienen nombre y apellidos, y esos trabajadores deben tener una capacitación renovada y una predisposición para el servicio. Y, muy posiblemente, los necesarios cambios que se necesitan, conlleven una mejor simbiosis con las empresas privadas, que con la supervisión de la administración, finalmente desarrollan y ejecutan la mayor parte de los servicios.
La eterna discusión entre gestión pública o privada no tiene una sola respuesta . Lo que sí es evidente es que cada servicio exige un enfoque que responda a su realidad: en unos casos será mejor la gestión directa, en otros la colaboración público-privada (con un amplio abanico de opciones para elegir según las características del servicio), y en muchos la cooperación intermunicipal. Son las administraciones locales, por su cercanía a la ciudadanía, las que valoran mucho más la capacitación técnica, la flexibilidad y agilidad para ofrecer respuestas profesionales en el día a día, que las empresas especializadas aportan con sus años de experiencia en determinados sectores. El valor añadido de una compañía que permanentemente aporta soluciones, y que establece un dialogo constante y cercano con la administración, y sobre todo con los usuarios del servicio es sencillamente fundamental.
La administración local no puede convertirse en un teatro de sombras, donde los verdaderos protagonistas, los ciudadanos, solo vean recortes disfrazados de eficiencia. Si analizamos sobre las prioridades de una sociedad concluimos que la administración no es un conjunto de siglas vacías, ni una fría cuenta de explotación. Es la piedra angular donde se entrelazan historias, oportunidades y aspiraciones.
Mucho a debatir por todos los agentes sociales, y a buen seguro, el guante de este reto debe ser recogido por las empresas que colaboran con la administración, y los gestores de lo público. Aprovechar el reto del cambio generacional, para vertebrar nuevos instrumentos de gestión que aporten los valores añadidos que se requieren. Todo cambia y es necesario “ponerse las pilas”. Nuevas herramientas para los nuevos retos y eso requiere atención, compromiso y la valentía de tomar decisiones no solo inteligentes, sino humanas. El reto de la administración local española no es menor: deberá reinventarse sin perder su esencia, hacer más con menos sin renunciar a sus valores, y encontrar en la cooperación, en la creatividad, y en la dignidad del servicio público, la fuerza para sostener el tejido social que hace posible una comunidad verdaderamente libre y justa.
Luis Nantón Diaz
Javier Blanco Rubio