El pasado miércoles el Senado devolvió al Congreso, con más de 40 enmiendas, la Ley de Impulso de la Economía Social, una iniciativa que puede redefinir el marco en el que operan numerosas entidades dedicadas a promover oportunidades laborales para personas con discapacidad en nuestro país.
Sin embargo, no se ha contemplado la modificación de una cuestión que preocupa profundamente a quienes trabajamos desde hace décadas por la integración profesional de las personas con discapacidad: la exclusión de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa empresarial del reconocimiento como entidades de economía social.
Los Centros Especiales de Empleo han sido, durante más de cuarenta años, uno de los instrumentos más eficaces para generar empleo para las personas con discapacidad en España. Hoy dan trabajo a más de 145.000 personas, de las cuales más de 122.000 tienen discapacidad. En el caso de los centros asociados a CONACEE, el compromiso es aún mayor: el 90,33% de las plantillas está formado por trabajadores con discapacidad.
Detrás de estas cifras hay miles de historias de autonomía personal, de integración social y de proyectos de vida que se han hecho posibles gracias al empleo. Por este motivo, desde el sector se quiere poner el foco en que la nueva ley establece una distinción que deja fuera del reconocimiento como economía social a los CEE de este tipo, a pesar de que representan más del 68% del total de centros.
Desde CONACEE hemos defendido durante todo el proceso legislativo que la inclusión laboral no debería depender de la naturaleza jurídica de las entidades que generan ese empleo, sino de los resultados sociales que producen. Dicho esto, también somos conscientes de que el debate parlamentario avanza y de que la ley puede aprobarse finalmente con esta diferenciación.
Si ese es el escenario, creemos que es fundamental que su aplicación se realice con prudencia, con diálogo y, sobre todo, con una transición ordenada que permita al sector adaptarse, huyendo de rigideces normativas que puedan complicar el día a día de los CEE, especialmente los más pequeños
En este sentido, muchos de los CEE en España son pequeñas y medianas empresas que llevan años, e incluso décadas, desarrollando su actividad bajo un marco normativo determinado. Cambiar de forma abrupta ese marco puede generar incertidumbre jurídica, dificultades en la contratación pública y obstáculos para la continuidad de proyectos que tienen una clara vocación social.
Sí, la nueva Ley de Economía Social puede ser una oportunidad para avanzar en cuanto a la protección de empleo de las personas con discapacidad. Pero para que lo sea plenamente, es necesario que su aplicación tenga en cuenta la realidad del sector, respete la diversidad de iniciativas que lo componen y garantice que ninguna persona con discapacidad vea amenazada su oportunidad de trabajar.
Porque al final, más allá de las definiciones jurídicas, lo verdaderamente importante es que cada vez más personas puedan acceder a un empleo digno. Y ese objetivo debería ser siempre el punto de encuentro de cualquier política pública en materia de inclusión.
Albert Campabadal Blanco, presidente de CONACEE