En Granada Social tenemos el gran honor de contar con colaboraciones que son todo un apoyo para ser “el lugar de las personas que mejoran la vida de la gente”. María José Sánchez Rubio, nacida en 1954 en Casarabonela (Málaga), es licenciada en Psicología y diplomada en Trabajo Social y Gerontología. Funcionaria de carrera desde 1978, pertenece al Cuerpo de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Nombrada consejera de Igualdad y Políticas Sociales en junio de 2015, también fue titular desde 2013 de la antigua Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y actual Diputada en el Parlamento de Andalucía.
María José Sánchez Rubio, Granada | El pasado día 12 de Febrero, el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Socialista que regulará la eutanasia en España. Se inicia por tanto su trámite parlamentario.
Una iniciativa que se enmarca en el compromiso del programa electoral del PSOE para regular los supuestos en los que una persona con una enfermedad con pronóstico de no regeneración y no curación, pueda combinar el derecho a la vida, el derecho a la libertad y también a la autonomía personal, y a decidir que en esas circunstancias quiere poner fin a su vida.
Esta iniciativa garantizará un nuevo derecho, tal como ha informado la portavoz del grupo socialista y anterior Ministra de Salud, María Luisa Carcedo. Derecho “que debe ser efectivo y debe responder a un principio de garantía y de apoyo suficiente para que alcance a todas las personas desde una perspectiva de igualdad de acceso a esa prestación”. Para lo que se establecerá una Comisión que establezca un control ex ante y ex post al proceso, e incluye la eutanasia “como una prestación más de la cartera de servicios común del Sistema Nacional de Salud”.
Tal como se recoge en la exposición de motivos de la Proposición de Ley “la legalización y regulación de la eutanasia se asienta sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son así recogidos en la Constitución Española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Hacer compatibles estos derechos y principios constitucionales es necesario y posible, para lo que se requiere una legislación respetuosa con todos ellos”.
Hablamos por tanto de garantías éticas y jurídicas, de un derecho que podremos ejercer, pero que en ningún caso obliga a las personas a ejercerlo contra su voluntad. Garantías, igualmente, para los profesionales sanitarios ya que la norma contempla la posibilidad de que puedan declararse objetores de conciencia.
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto PP y Vox, que han utilizado argumentos para rechazarla difíciles de sostener en una país como el nuestro con garantías en el respeto de los derechos humanos. Decir como lo hizo el portavoz del PP que la Ley “esconde la voluntad de ahorrar recortando pensiones y tratamientos”, es una crueldad y una falsedad. La derecha y la ultraderecha en nuestro país han perdido, una vez más, la oportunidad de posicionarse al lado de las personas que sufren.
Como bien dijo la portavoz Socialista “el sufrimiento no tiene ideología”, y debe ser una obligación de los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para que, en el proceso de enfermedad grave e incurable de las personas, se evite el sufrimiento y el dolor de las personas enfermas. Y evitar igualmente el sufrimiento de las familias que se han visto impotentes cuando no han podido cumplir con los deseos de su familiar enfermo para terminar con años de padecimientos. En algunos casos han sufrido y sufren acusaciones gravísimas por ayudar a sus seres queridos en el proceso de muerte.
Tal es el caso de Ángel Fernández, marido de María José Carrasco a la que ayudo a morir y que dijo con desesperación “No le perdono a nadie que muera gente sufriendo”. Un clamor que se ha hecho extensivo a la población en general, ya que la regulación de la eutanasia tiene un amplio apoyo social, más de un millón de firmas que se presentaron en el Congreso.
Es muy significativo que esta sea la primera iniciativa legislativa que va a ver la luz con el nuevo Gobierno progresista de España. Y dice mucho del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar y ampliar los derechos y que ha puesto a las personas en el centro y el eje de todas sus políticas.
