El Ayuntamiento de Granada ha acordado crear una ventanilla de quejas en la oficina del Defensor de la Ciudadanía por los cortes de luz en las zonas Norte y Albaicín. La medida está contenida en la extensa y detallada declaración institucional aprobada durante el Pleno ordinario celebrado el día 20 de diciembre. Se trata de una iniciativa del Grupo Municipal Socialista que ya presentó en el pleno del mes pasado y que el Gobierno pidió retirar para lograr un mayor consenso, algo que hicieron y que hoy ha contado con el apoyo de todos los grupos.
La Declaración Institucional sobre los Cortes de Suministro Eléctrico en los Distritos Norte y Albaicín compromete a ambas juntas a que el presidente incluya en el orden del día de las reuniones mensuales las incidencias detectadas en el fluido en el período inmediatamente anterior. El acuerdo reclama al vecindario que se implique en el seguimiento de las incidencias, llamadas a Endesa y denuncias detectadas por la interrupción del abastecimiento.
La propuesta solicita a Endesa que elabore un informe sobre las causas técnicas, con «datos reales», de los cortes de suministro; un listado «completo» de las reclamaciones vecinales recibidas «en los últimos años» y de las «indemnizaciones y pagos realizados a consecuencia de los perjuicios causados a los usuarios que, aún pagando sus recibos, han sido víctimas de repetidos cortes».
El Pleno municipal pide a Endesa un plan de actuación para evitar situaciones similares en el futuro. También le exige que «flexibilice las condiciones de pago, fraccione las deudas en los casos que así lo informen los servicios sociales municipales y adopte procedimientos de actuación para impedir el corte de suministro ante impago de recibos». Igualmente, el Ayuntamiento reclama a la compañía eléctrica una mejora de las infraestructuras en los barrios afectados por los cortes de luz, «sin dilación ni premura».
La declaración institucional insta a la Junta de Andalucía a «abordar medidas urgentes y eficaces» para solucionar la situación, acabar con «el mercado negro de vivienda» y a regularizar la situación de las viviendas afectadas por el problema.
El acuerdo encomienda a la asesoría jurídica del Ayuntamiento a que realice un informe sobre «la viabilidad de emprender medidas penales contra la compañía Endesa».
La Corporación municipal de Granada propone, a través de la mencionada declaración, reforzar y ampliar la representación institucional de la mesa de la zona Norte y Albaicín. Sugiere que esta mesa la integren los grupos políticos del Ayuntamiento, el Defensor de la Ciudadanía, la Delegación del Gobierno de la Junta, la Subdelegación del Gobierno de España, las áreas municipales de Educación y Derechos Sociales, así como ambos departamentos del Gobierno andaluz, Endesa, el fiscal jefe del TSJA, los colectivos sociales más significativos de ambos barrios, los párrocos de La Paz y Almanjáyar, entre otras entidades y organismos.
