La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado hoy con la publicación de su Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía que las condiciones de cumplimiento de una condena en el Estado español son mucho más duras para las mujeres que para los hombres. Existen pocos estudios que reflejen las vulneraciones de los derechos de las mujeres privadas de libertad, pero la investigación no deja lugar a dudas, afirma la organización, “cuando una mujer entra en prisión sufre una triple condena social, personal y penitenciaria”.
Esto afecta a unas 4.518 mujeres en el Estado español, un 7,7% del total de población reclusa (59.398), según datos de 2019 de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. España es uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento femenino de Europa occidental, debido a la dureza de nuestro sistema penal y el aumento del castigo a los delitos leves, que son los más cometidos por mujeres. En Europa, la tasa es de un 4,5% según el Parlamento Europeo, y el promedio de mujeres encarceladas en el mundo es de un 4%, a tenor de los datos del Ministerio del Interior. En Andalucía, del total de personas presas, que ascienden a 13.716, las mujeres encarceladas suponen un 7,3% (943).
Según se desprende del informe, existen una serie de factores que agravan la situación en que viven las mujeres en las prisiones españolas, el primero de ellos es “una mayor precariedad de espacios y, en consecuencia, peores condiciones de alojamiento”, se ubican en módulos de centros pensados por y para los hombres, con menor oferta de recursos. Asimismo, al existir pocas prisiones para mujeres, se amplía la lejanía de su entorno familiar y afectivo, lo que dificulta por razón de género su proceso de reinserción social.
Por otro lado, critica APDHA, habitualmente existe un único módulo destinado a mujeres en el que no se separa a las internas atendiendo a criterios de clasificación, por perfiles criminales, edad, adicciones, salud mental o características penitenciarias, como ocurre con los varones, lo que obliga a personas que han cometido un delito leve a convivir con mujeres presas que presentan un perfil de peligrosidad o conflictividad grave. No obstante, aseguran, solo un 1,6% presenta este perfil, según Instituciones Penitenciarias, “la criminalidad femenina está centrada en delitos leves destinados a conseguir dinero”, destaca la organización. Las ofertas formativas y laborales, añaden desde la asociación, tienen que ver con tareas de costura o limpieza, por lo que reproducen las limitaciones sexistas y reducen las oportunidades de reinserción laboral en el exterior.
Por otra parte, explica la APDHA, las cárceles reproducen y amplifican las desigualdades que se producen fuera de ellas. Así, en la cárcel se da una sobrerrepresentación de mujeres extranjeras así como de mujeres gitanas, que según advierten desde el área de cárceles de la asociación, “no tiene que ver con que ambos grupos de mujeres delincan más respecto al resto de la población, sino con la hipercriminalización que se realiza tanto de la población migrante como del pueblo gitano”.
Como ejemplo de ello, el Defensor del Pueblo Español advertía que en el año 2018 tan solo en Andalucía se produjeron 47.605 detenciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y autonómicos, de las cuales 44.588 se realizaron en aplicación de la Ley de Extranjería, lo que supone que “el 93,6% de las detenciones realizadas en Andalucía se hicieron en virtud de la Ley de Extranjería, hecho que pone de manifiesto de una forma contundente el papel criminalizador de nuestro sistema penal y administrativo sancionador hacia la población migrante”.
Entre las conclusiones aportadas por la organización, consideran “imprescindible” que en todas las provincias existan plazas de mujeres y siempre con igual dotación que las de hombres, “Deben fomentarse medidas alternativas frente al ingreso en prisión y dado que la inmensa mayoría son delitos leves, el criterio general debe ser el tercer grado y recursos extrapenitenciarios –centros de inserción social-. Además, apuntan desde APDHA, es necesario un tratamiento en condiciones de igualdad en cuanto a recursos, actividades y talleres, y unas ofertas formativas y laborales que no se limiten a “tareas de costura y limpieza”, que no refuercen roles sexistas, sino que permitan una inserción socio laboral real.
Por último, plantean desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, es necesario evitar que los niños y niñas entren en prisión, mayor vigilancia en cuanto a las violencias machistas en el entorno carcelario y corregir la ausencia en ocasiones de intimidad por la presencia de policías varones en las revisiones médicas -especialmente ginecológicas-, es decir una atención sanitaria igualitaria, respetuosa con la intimidad y la dignidad de la mujer.
