- Advierten que no está llegando la alimentación al alumnado que dependía del comedor escolar y al que está en pobreza sobrevenida
- Indica graves efectos de la brecha digital en población sin recursos y reclama que este periodo no afecte a la nota media
Andalucía, 13 de abril de 2020. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hemos denunciado hoy a través de una nota de prensa que existen niños y niñas en Andalucía que pasan hambre, “ignorados por las Administraciones andaluzas, sin la alimentación garantizada y sin poder acceder a la educación a distancia”, por lo que exigimos, como ya ha hecho la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (CEAPA), no avanzar materia y que este periodo no afecte a ninguna nota media, como única salida para que se garantice el derecho a la educación en igualdad de oportunidades.
Señalamos con preocupación que la alimentación no está llegando al alumnado que dependía del comedor escolar y al que se encuentra en pobreza sobrevenida, debido al impacto del estado de alarma por el coronavirus. Exigimos los recursos necesarios para que ningún menor andaluz pase hambre y que “para el curso próximo se pongan los medios necesarios para que el derecho a la educación lo sea para todo el alumnado y no el privilegio de una parte de la sociedad que tiene los medios vitales, culturales y técnicos necesarios”.
Las niñas y niños andaluces en situación de exclusión están pasando el confinamiento en viviendas pequeñas, sin luz y peor acondicionadas y sufriendo indirectamente la presión de sus familiares, que ven peligrar su subsistencia debido a que no pueden afrontar los pagos esenciales, como comida, vivienda y suministros. A esto se suma la presión de la Administración por que la infancia “continúe el curso con normalidad en este contexto de absoluta excepcionalidad y emergencia, sobre todo para las familias empobrecidas”.
Criticamos que la brecha digital está creando aún mayores desigualdades que las ya existentes entre los menores andaluces. La educación durante el confinamiento “no puede basarse exclusivamente en recursos digitales que exigen un ordenador, conexión a internet y una impresora, además de dar por hecho que todas las familias tienen el capital cultural y el tiempo físico para enseñar a cada menor, en un contexto en el que muchas familias están centradas en su propia supervivencia (sin trabajo, sin prestaciones, sin ayuda, sin comida)”.
Según el Observatorio de la Infancia en Andalucía, El 31,8% de niñas y niños andaluces se encuentran en situación de riesgo de pobreza y muchos de ellos son usuarios del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil (PRAI) en los Colegios Públicos de Infantil y Primaria de Andalucía con comedor escolar, que les ofrece comida, merienda y desayuno en el marco escolar.
Desde la APDHA constatamos que la primera semana del confinamiento por COVID-19 no hubo servicio. Posteriormente, se informó a las familias de que a partir del día 23 podrían seguir recogiendo la comida, aunque “con mascarilla y guantes”, productos imposibles de encontrar en ese momento. “Afortunadamente, esas instrucciones no se mantuvieron”.
No obstante, no toda la infancia en situación de pobreza se encuentra dentro del PRAI. Muchos niños y niñas no estaban inicialmente incluidos en el programa y hay multitud de familias que han caído en pobreza sobrevenida. La identificación de estas necesidades ha sido compleja, implicaba a Servicios Sociales y a los colegios, y en algunos ayuntamientos se han puesto trabas innecesarias, como el requisito de emitir un informe familiar por cada menor nuevo propuesto para entrar en el PRAI. Un sistema que lleva sin funcionar desde el día 8 de abril y en el que es imposible dar de alta a ningún alumno ni alumna.
La vulnerabilidad y exclusión de cientos de miles de familias andaluzas hacen que el confinamiento de niñas y niños esté convirtiéndose en “una película de terror” que tendrá importantes consecuencias si no se actúa de inmediato, por lo que desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hacemos una llamada a la responsabilidad colectiva de quienes gobiernan.
