Las temperaturas alcanzan mínimos de 3 grados en Níjar (Almería) esta semana y desde el lunes 30 circula la noticia que anuncia no solo el desalojo de los asentamientos, ubicados en esta localidad, sino el incendio de los mismos. Una vez más, sin ofrecer alternativa habitacional a las personas que están residiendo en ellos.
Desde hace 30 años y con la transformación de la agricultura en intensiva en invernaderos, se ha producido el aumento de la demanda de personas para trabajar en este sector en la zona. Las condiciones laborales ofertadas han hecho que en su mayoría sean personas extranjeras las que hayan estado trabajando en este sector, y en muchos casos en condiciones cuestionables que vulneran todos los derechos recogidos en nuestra legislación laboral y en la carta internacional de derechos humanos. El racismo estructural que se cimenta como barrera para el acceso a la vivienda, al empadronamiento, a la sanidad y a una vida digna de estas personas cronifica una situación de extrema exclusión residencial y social que desde la REDGRA condenamos y denunciamos para su erradicación además seguimos reivindicando la regularización extraordinaria que, sin duda, ayudará a la integración y a la mejora de las condiciones de vida de estas personas.
Sin embargo, esta situación de desigualdad y vulneración de derechos se ha mantenido a pesar de todas las denuncias recibidas por las personas afectadas, organizaciones y las recomendaciones que el relator de la ONU Philip Alston realizó en su informe publicado en julio de 2020.
Como entidades que trabajamos en red por los derechos de las personas migrantes somos conocedoras de las iniciativas que desde los distintos niveles de gobierno: estatal, autonómico, provincial y municipal se han tratado de llevar a cabo desde el ofrecimiento de las entidades que formamos parte de esta red para poner a disposición nuestra experiencia y conocimiento del entorno para un acompañamiento social para las personas que residen en estas circunstancias. Afirmamos, sin riesgo de equivocarnos y a la luz de la realidad, que estas iniciativas no han funcionado.
Es por todo esto que denunciamos públicamente la inapropiada actuación que se está llevando a cabo en estos asentamientos. El desalojo y el derribo de los espacios sin alternativas habitacionales pone en jaque a las que personas que residen en estos lugares.
Exigimos a las autoridades que garanticen los derechos fundamentales de las personas que viven en los asentamientos. Exigimos a las empresas que trabajan en la zona que cumplan con todo el personal que trabajan los requisitos que la ley les impone. Es hora de justicia e igualdad también para las personas que habitan en los asentamientos.