- El 62% de los organismos públicos utiliza IA para el análisis predictivo, mientras que el 50% la emplea en ciberseguridad
- Actualmente, el 58% de las administraciones públicas españolas ya cuenta con un marco completo de gobernanza del dato
La rápida evolución tecnológica, impulsada por herramientas basadas en inteligencia artificial, está acelerando la necesidad de transformación digital en todos los sectores, pero especialmente en las administraciones públicas. Con la mejora de la productividad como principal objetivo, el sector público español busca modernizarse y adaptarse a este nuevo entorno digital sin perder eficiencia. En este contexto, el estudio «Reimagining the future of public sector productivity», realizado por The Economist Impact y SAS, compañía líder en datos e inteligencia artificial, revela que el 48% de los responsables de las administraciones públicas en España considera que la transformación digital podría aumentar significativamente la productividad de sus organizaciones. Sin embargo, España se muestra más reticente a implementar esta transformación que otros países: el 38% de los organismos públicos aún no ha iniciado este proceso. A pesar de ello, los profesionales del sector público destacan la importancia de adoptar medidas para no quedarse atrás en un entorno global cada vez más competitivo.
Y es que existen varias razones para justificar la aceleración de la transformación digital en el sector público. Para empezar, la pandemia marcó un punto de inflexión, ya que se empezaron a demandar servicios más rápidos, accesibles y personalizados. Además, los recientes cambios geopolíticos y climáticos han añadido una capa de complejidad al panorama global. La necesidad de gestionar estos riesgos externos está impulsando inversiones significativas en herramientas tecnológicas que permitan a las administraciones superar las barreras que limitan su eficiencia.
La confianza, principal barrera para la adopción de la IA
El estudio, basado en una encuesta a más de 1.550 empleados públicos de 26 países, con una muestra significativa de España, revela que, aunque existe un consenso sobre el potencial transformador de tecnologías como la IA, su implementación aún enfrenta importantes desafíos. A pesar de que existe un consenso sobre el potencial transformador de tecnologías como la IA, su implementación enfrenta barreras importantes. Solo el 34% de las organizaciones ya utiliza la IA para optimizar operaciones internas, mientras que un 30% señala la falta de transparencia de estas herramientas. Además, el 44% de los encuestados prefiere no utilizar datos confidenciales al trabajar con IA, una cifra que pone en evidencia la necesidad de las tecnológicas de desarrollar soluciones más seguras y confiables. A pesar de estos desafíos, la IA se posiciona como una herramienta clave para el futuro del sector público español. El 52,3% de los encuestados cree que tendrá un impacto significativo o crítico en la productividad en los próximos tres años. Actualmente, sus principales usos incluyen el análisis predictivo de grandes volúmenes de datos (62%) y la ciberseguridad y prevención del fraude (un 50%, a la par con el 54% a nivel mundial). Estas aplicaciones permiten anticipar riesgos, mejorar la toma de decisiones y garantizar la protección frente a amenazas externas.
Un avance seguro hacia la transformación digital
Los datos del informe también subrayan la importancia de generar confianza en la IA mediante casos de éxito y marcos regulatorios claros. El 65% de los profesionales españoles afirma que solo adoptará nuevas tecnologías una vez que se haya demostrado su eficacia en otras organizaciones. Este enfoque conservador refleja la necesidad de estrategias sólidas de gobernanza del dato, algo que ya está presente en el 58% de las administraciones públicas españolas y está en línea con la cifra global del 66%. Afshin Almassi, Public Sector & Healthcare director en SAS para España, destaca: “La combinación de una estrategia de datos sólida y el uso responsable la IA puede transformar radicalmente la forma en que operan las administraciones públicas, permitiéndoles ser más eficientes, transparentes y orientadas a los ciudadanos».