El pasado lunes 10 de enero, la empresa suministradora de energía eléctrica en Granada, Endesa, aseguraba que más de 26.000 hogares de Granada “disfrutan” del bono social eléctrico (un 13% del total de clientes de la compañía en Granada).

De ellos, un total de 12.327 son clientes son considerados vulnerables y cuentan con una rebaja del 60 por ciento en la factura de consumo eléctrico y 13.787 son clientes vulnerables severos, para los que el Gobierno establece una reducción del 70 por ciento (el bono social eléctrico está regulado por el Gobierno, aunque son las comercializadoras las que tramitan las peticiones de los clientes).

En el mismo comunicado –publicado en los medios- la eléctrica advertía de que “estos descuentos” estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2022, y que pasada esta fecha, las reducciones volverán a ser del 25 por ciento para los clientes vulnerables y del 40 por ciento para los severos. Es decir, las rebajas del 60% y 70% respectivamente vuelven a los descuentos aplicados anteriormente, (en agosto del año pasado, es decir, -tan sólo cinco meses antes-, eran del 40% y 25%).

Ante la intención de aminorar a partir de marzo los descuentos en el bono eléctrico a aplicar a familias vulnerables, el Defensor del Pueblo manifiesta que:

1.- No se entiende que el descuento a aplicar vaya a ser menor desde el 31 de marzo próximo cuando la tendencia del precio de la luz no parece que vaya a ser menor (si nos atenemos a la evolución del pasado año, que ha llegado a máximos históricos). Según datos de la OCU, la factura total de 2021 se ha elevado a 949 euros, que es un 41% más que la factura de 2020 (675 euros), y un 18% más que la factura de 2018.

2.- No se entiende que el descuento a aplicar pueda ser menor mientras los cortes de luz en el distrito Norte de la ciudad no hayan cesado. Sería deseable que, para marzo 2022 esos clientes estén “disfrutando” no sólo de los descuentos citados por Endesa, sino sobre todo, del servicio eléctrico contratado y pagado; de indemnizaciones por las interrupciones sufridas en el pasado; de nuevas inversiones previstas en mejorar las infraestructuras en los barrios del distrito.

3.- No se entiende la medida anunciada sobre el bono eléctrico mientras no haya datos para pensar que las familias vulnerables van a dejar de sufrir los efectos de la crisis en sus economías a partir de marzo 2022.

4.- No se entiende la previsión de aminorar los descuentos justo en la etapa que estamos atravesando en la que ha surgido una nueva forma de “pobreza vergonzante u oculta”, la de quienes trabajan pero que no llegan a fin de mes y han de escoger entre la cesta de la compra o pagar suministros; el supermercado, las medicinas, el alquiler o la luz; y los que “no pueden” pedir ayuda ante su situación económica.

Por todo ello y, ante la llegada de peticiones de información y amparo a la oficina del defensor respecto de la factura de un suministro básico necesario como es la electricidad (especialmente en invierno, especialmente para familias vulnerables y especialmente en una situación en que la crisis sanitaria y económica continúa teniendo efectos):

El defensor del pueblo solicita a Endesa y a todas las instituciones un plan de actuación conjunto con medidas concretas para paliar los efectos que los elevados precios de la electricidad tienen sobre las economías vulnerables que implique, entre otras, la petición unánime de:

  • Una moratoria del bono social eléctrico para que, como mínimo, se mantenga en los descuentos del 60% y 70% respectivamente, al menos hasta marzo 2023.
  • Una ampliación del ámbito de cobertura de este bono social, es decir, la aprobación de nuevos tramos bonificados a otras personas que, por sus circunstancias, lo puedan necesitar.
  • Otras acciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de los hogares, especialmente de aquellas familias más amenazadas por situaciones de pobreza energética, incluyendo ayudas para mejorar el aislamiento térmico de los hogares, renovar las instalaciones eléctricas y facilitar la adquisición de electrodomésticos más eficientes.

 

FUENTE: Manuel Martín García,  Defensor de la Ciudadanía

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