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La Junta no cumple con la Agenda 2030 en los presupuestos de Cooperación Internacional para 2023

Este será el 5 año consecutivo de recortes que el Gobierno andaluz ejecuta en la políticas de Cooperación Internacional e incumple los compromisos de la Ayuda Oficial al Desarrollo en los presupuestos autonómicos del 2023, en un contexto de urgencia global, crisis energéticas y alimentarias, conflictos bélicos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos

Andalucía ha sido durante décadas un referente a nivel nacional e internacional en su apuesta por esta política pública. Sin embargo, la reducción de presupuestos está mermando la capacidad de la cooperación andaluza para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en países del Sur Global; además, se ha perdido un tercio de su fuerza de trabajo, debilitando aún más al tejido asociativo en la comunidad.

Por este motivo, y por la creciente necesidad de dar respuesta a todos los niveles a un mundo en crisis, el preocupante retroceso que sufre en los últimos años la cooperación internacional andaluza exige una pronta respuesta que nos devuelva a nuestros valores constituyentes y a la urgencia de garantizar los derechos humanos y la existencia misma del planeta tal como lo conocemos.

Defendemos la cooperación internacional y la educación para el desarrollo como herramientas imprescindibles para el desarrollo sostenible, que permita a Andalucía sumarse a los acuerdos suscritos por España en el ámbito internacional. La coherencia de políticas debe funcionar como elemento fundamental a la hora de organizar los esfuerzos de Andalucía para alcanzar las metas de la Agenda 2030, situando la política pública de cooperación internacional como el marco de trabajo para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo. Sin embargo, la Junta de Andalucía no cumple con los compromisos de la Agenda 2030.

“Sin presupuestos no hay Agenda. Esta es la DesAgenda2030 de la Junta de Andalucía”

Ante el recorte del 21,26% del presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo ejecutado por la Junta de Andalucía en 2022, la CAONGD demandó y exigió que se rectificara y seguimos insistiendo en que se cumpla con los compromisos adquiridos en el Estatuto de Autonomía, que establece que “la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos” es un objetivo básico de la Comunidad Autónoma y que cumpla también con su propio Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo que especifica que “el objetivo es que el presupuesto aumente al menos proporcionalmente a lo que lo haga el presupuesto de la Junta de Andalucía”.

En cuatro años de legislatura, PP y Ciudadanos acumularon un retroceso cercano al 60% en el presupuesto de cooperación internacional. Ni la inyección de fondos europeos para la reconstrucción ni contar con la cifra más elevada para inversión de la historia cambiaron esta voluntad política: al Gobierno andaluz no le importa la cooperación internacional y progresa a pasos agigantados para hacerla desaparecer de Andalucía. Sobre un presupuesto global de 43.816.329.956 euros para el año 2022, que incrementó en más de 3.628 millones de euros la cifra de 2021 (y se tradujo en una subida del 9%), la política pública de cooperación siguió retrocediendo en 2022 hasta suponer apenas el 0,06% de la inversión (en 2021 había sido del 0,09%) y se prevé que para el 2023 se mantendrá el último recorte ejecutado.

La Junta de Andalucía se ha comprometido en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la promoción del desarrollo humano sostenible dentro de la senda que marca la Agenda 2030, como indica la Ley andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pero ésto se queda en un brindis al sol, ya que no solo no invierte en ello sino que además mantiene el recorte del 21% en el nuevo presupuesto.

Ningún partido político se ha comprometido, hasta el momento, a presentar enmiendas en la partida de cooperación internacional, por ello, nos gustaría recordarle a todos ellos la necesidad de cumplir con las leyes y los pactos internacionales, que establecen destinar un mínimo del 0,7% del PIB para ayuda al desarrollo.