La Fundación Foessa, de Cáritas, presentó este viernes, 18 de marzo, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada, el informe sobre de la evolución de la cohesión social y el impacto del Covid-19 en Andalucía. El estudio se valió de unos treinta investigadores, que entraron a más de 600 hogares andaluces. El informe revela la desigualdad en el impacto económico y de salud en la pandemia, que la han sufrido las capas empobrecidas de la sociedad.
La desigualdad y pobreza no solo la sufren las personas sin hogar (cuya cifra se ha duplicado en la pandemia). También lo hacen los sectores de la clase obrera con dificultades para llegar a fin de mes, que viven en una sola habitación, no pueden pagar la calefacción o las mujeres que sufren violencia de género. Esto se nota en el apagón digital: lo viven 120 mil personas en Andalucía y les impide acceder a ayudas telemáticas o al teletrabajo.
Según el informe, el bajón del desempleo tras la pandemia es ilusorio. Los parados de larga duración no han vuelto a trabajar, algo que afecta a 200 mil hogares andaluces. Además, el desempleo total familiar afecta a 500 mil. Estas familias no han sido compensadas con ERTEs, que han suplido la obligación salarial de las empresas. Otros subsidios como el Ingreso Mínimo Vital solo han dado cobertura al 20% de estas familias.
El grave impacto en la salud mental y la vivienda
El 42% de las personas andaluzas manifiestan sentirse peor que antes de la pandemia. Además, el 15% de los hogares convive con una persona con problemas graves de salud mental. Esto se agrava con las pocas expectativas que hay de ayuda. La sanidad pública no cubre el tratamiento psicológico y el precio privado ronda los 60 euros por consulta.
Mientras los sueldos y los empleados han bajado, el precio de la vivienda ha seguido subiendo. 400 mil familias empiezan el día 3 de cada mes a recortar en gasto básico por el alto porcentaje del sueldo que dedican a la vivienda. Además, muchos hogares adolecen de inseguridad o inadecuación, por incapacidad para arreglar desperfectos o falta de alternativa ante situaciones de violencia de género y doméstica.
El informe ofrece cinco políticas que pueden revertir estas situaciones: el incremento en la inversión de protección social, la conformación de un Estado de bienestar que no mercantilice con derechos básicos, la generación de vivienda pública, la ausencia de trabas para el acceso a prestaciones y el avance en servicios sociales.