En los últimos meses, al calor de los discursos incendiarios durante las distintas campañas electorales, ha ido escalando la criminalización hacia uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad: el de los y las menores que se han visto obligados a migrar solos Ciertos partidos políticos y numerosos medios de comunicación presentan a estos niños y jóvenes como una fuente de problemas y, a través de la propagación de bulos y noticias falsas, pretenden presentarlos como una amenaza para la convivencia. En el discurso mediático se evita hablar sobre las causas de su proceso migratorio, sobre las terribles vivencias que han dejado atrás para entrar en España o sobre la desprotección que sufren al no contar con referentes adultos que les sirvan de apoyo y ante la falta de planificación y coordinación de las Administraciones e instituciones para garantizar su bienestar y sus derechos. Para evitar que la opinión pública sienta empatía hacia ellos, se les llama “MENAs”, que es el acrónimo de “Menores Extranjeros No Acompañados”, consiguiendo además que esta denominación tenga connotaciones negativas ya que únicamente aparecen en la prensa vinculados a noticias que los asocian con actitudes violentas. Pero lo cierto es que datos demuestran claramente que el índice de criminalidad no se ha visto afectado por su presencia.
La Convención de los Derechos del Niño ha cumplido 30 años hace pocas semanas: se trata del tratado sobre Derechos Humanos más ampliamente ratificado de toda la historia, ya que lo han refrendado casi todos los países del mundo. España, donde entró en vigor en 1991, está obligada por tanto a dar prioridad al “interés superior del niño” en cualquier medida que le afecte, a no discriminarlo por razón de sexo, religión, origen nacional, étnico o social, y a garantizar la protección de todos sus derechos. Y esto es competencia y responsabilidad de la Junta de Andalucía y es la Junta quien debe asumir la protección de estos niños, niñas y adolescentes que migran sin referentes familiares adultos y, así, garantizar el desarrollo de sus proyectos de vida en igualdad de condiciones y oportunidades con la infancia y juventud autóctona, sin ningún tipo de discriminación. En pocas palabras, deben ser tratados como niños, niñas y adolescentes antes que como extranjeros. La infancia por encima de cualquier otra condición.
Lamentablemente, existen graves deficiencias en el Sistema de Protección de Menores que suponen una vulneración sistemática de los derechos de estos menores. Con el incremento de llegadas de personas migrantes por vía marítima, en los últimos años se implementaron centros que no cumplen con los mínimos exigibles para la atención de menores, ya que no se les escolariza, se retrasa la tramitación de su documentación, se cuenta con personal insuficiente y, en algunos casos, las instalaciones son claramente inadecuadas. En algunas ocasiones, esto conlleva a que adolescentes que no encuentran respuestas a sus expectativas, a sus proyectos, ante las deficiencias de los servicios de protección decidan abandonar estos centros quedando expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión, sin que desde la Administración se busque activamente donde se encuentran y en qué condiciones.
Por otra parte, los y las jóvenes acogidas por la Junta de Andalucía salen del sistema de protección el mismo día que cumplen los 18 años y a partir de ese momento tienen que valerse por sus propios medios: en un país donde la edad de emancipación ronda los 30 años. Estos adolescentes -que tienen las mismas necesidades afectivas, carencias y miedos que cualquier chaval autóctono- deben buscarse la vida de forma autónoma. Y aunque la administración está obligada a hacerles un seguimiento y a brindarles herramientas para facilitar su emancipación, la realidad es que existen muy pocas plazas de acogida para jóvenes extutelados y los que no tienen la suerte de acceder a ellas desaparecen totalmente para el sistema: casi ninguno sale del centro de menores con permiso de trabajo y muchos ni siquiera tienen tramitada la residencia, quedando en situación de exclusión social -sin vivienda, sin redes familiares, sin posibilidad de trabajar y sin documentación-.
La calle deteriora rápidamente a cualquier persona, pero el impacto que tiene sobre personas tan jóvenes es incluso mayor, por lo que son frecuentes los problemas de salud mental y de adicciones. La falta de referentes, el abandono por parte del sistema de protección y la estigmatización que sufren dificultan aún más su desarrollo y su integración en la comunidad, de forma que sólo con mucha suerte y apoyo externo van a poder emanciparse de forma exitosa.
Las personas y organizaciones que conformamos la Red Granadina por el Refugio y la Acogida reclamamos que se pongan en marcha medidas urgentes para proteger de forma eficaz a la infancia y la juventud que migra sin la compañía de familiares adultos. Exigimos que no se les abandone y que se pongan a su disposición los recursos necesarios para garantizar todos sus derechos, brindándoles la oportunidad de desarrollarse de forma plena para llegar a la edad adulta con las herramientas suficientes para ser autónomos.
